2018: el año en el que fueron demolidas nueve instituciones educativas en Itagüí. Hoy, después de pasado el periodo de año y medio en el cual serían construidas, solo hay lotes vacíos debido a un conflicto con los contratistas. Más allá de la suspensión de las obras, comunidades educativas enteras sufren los estragos de pertenecer a colegios sin plantas físicas. Para ellas, la situación es cada vez menos esperanzadora; las respuestas que les dan pierden credibilidad.
Todo comenzó en el 2014. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) inició conversaciones, por todo el país, para la planeación de un proyecto en el cual algunos colegios serían remodelados y otros serían construidos. En Itagüí, 9 de los 24 colegios públicos fueron seleccionados para realizar mejoras, parciales o totales, en sus plantas físicas. Esto implicaba la demolición y posterior reconstrucción de su infraestructura, lo cual dejaría a la comunidad educativa con espacios reducidos por un periodo de 18 meses.
Para el 2017 se concretó, finalmente, la planeación del proyecto. Las instituciones educativas que serían intervenidas eran el Avelino Saldarriaga; Ciudad Itagüí en sus tres sedes: Principal, El Tablazo y María Bernal; Enrique Vélez Escobar sede La Providencia; Los Gómez; San José; Concejo Municipal; y Felipe de Restrepo.
Poco a poco, se empezaron a dar adaptaciones físicas para que las clases continuaran mientras se realizaban las obras. Mientras los miembros de las instituciones estaban en vacaciones de final de año, en las sedes se restringían los espacios por los cuales podrían transitar cuando retomaran nuevamente el calendario escolar.
En colegios como Los Gómez, el Avelino y Ciudad Itagüí, la administración municipal adecuaba espacios públicos aledaños a las plantas físicas, como pistas de BMX o canchas, para poner unas aulas provisionales que habían arrendado. El colegio San José planeaba cómo distribuir a su población estudiantil en tres espacios que tenía a su disposición: una parte, que no sería demolida, de la sede principal; una escuela en la cual recibían clases las más pequeñas; y algunas aulas y pasillos del megacolegio John F. Kennedy, el cual acogería un fragmento de la población estudiantil. Las demás instituciones continuarían sus clases en bloques que no serían derrumbados.
Los estudiantes, docentes y directivos volvieron a la temporada escolar. Ya todo estaba preparado. Los rectores anunciaban con certeza que los colegios serían derribados en los próximos días. Pedían fortaleza a los miembros de la comunidad; pues, durante más de un año, debían soportar las condiciones de hacinamiento, los ruidos generados por las obras y la falta de lugares para recrearse. También, se despedían de aquellas aulas víctimas de la demolición e invitaban a recordar la cantidad de momentos que fueron vividos allí.
Los días pasaron pronto; para finales del primer trimestre del 2018 solo quedaban ruinas de las aulas que, durante años, habían brindado educación a gran parte de los ciudadanos itagüiseños. La demolición fue rápida; ya no quedaba ninguna estructura en pie y los lotes se veían vacíos. Sin embargo, algo empezaba a preocupar a aquellos quienes vivían las consecuencias de hacer parte de colegios derrumbados: de un momento a otro la actividad en las obras cesó. Ya no había ruidos ni obreros, ya solo había maleza. Sus colegios fueron tumbados y la reconstrucción no empezaba. Además, la administración municipal no les daba respuestas.
El problema venía de fondo. El proyecto había sido planeado por tres entidades: el Ministerio de Educación Nacional, el Área Metropolitana y la Alcaldía de Itagüí. El MEN había creado el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para que fuera el encargado de gestionar contratos y hacer seguimiento a las obras. Los retrasos se empezaron a dar debido a un conflicto entre el FFIE y la multinacional Mota-Engil, con la cual se tenía un acuerdo contractual para la construcción o remodelación de 248 megacolegios, entre ellos los 9 de Itagüí. Desde el inicio de las obras se venían dando una serie de incumplimientos que las dos partes se atribuían la una a la otra.
El FFIE aseguraba que Mota-Engil había abandonado los proyectos, a lo que la compañía señalaba que el FFIE no daba órdenes de inicio de construcción en 56 de los colegios y en otros 56 no les proporcionaba el personal mínimo necesario, lo cual retrasaba los procesos. Finalmente, declararon la finalización de los contratos y se empezó una convocatoria para nuevas constructoras.
Para ese entonces, de los dineros aportados para la realización de las obras en el municipio, el Ministerio de Educación había contribuido con el 63%, el Área Metropolitana con el 20% y la Alcaldía con el 17%. Lo anterior, para un total de 46.000 millones aproximadamente. Para alegría de los itagüiseños, con la ruptura de los contratos, no se había perdido ningún porcentaje de lo destinado. Las constructoras que estaban encargadas debían tener capacidad financiera para iniciar los planes y, posterior a la entrega de avances, el FFIE les devolvía la suma correspondiente. El dinero que no estuvo comprometido en ningún momento se encuentra, al día de hoy, en una fiducia.
Aunque no hubo pérdida de presupuestos, se generaron unos sobrecostos que han sido asumidos por el municipio; pues, de no ser así, se suspendería la escolaridad en estas instituciones. Sin embargo, el alcalde afirmó que estos gastos, luego, serán costeados por el gobierno nacional; debido a que el municipio había cumplido con su parte y el problema superaba lo local.
Las fallas, las parálisis en las obras y los retrasos han significado más que solo un conflicto entre partes. Miles de miembros de estas comunidades educativas han tenido problemas por la falta de espacios. El proyecto se ha extendido por más de dos años y, aún, las construcciones no inician.
Estudiantes y docentes, quienes son los principales afectados, manifiestan que han logrado adaptarse a estas condiciones. Para ellos la calidad a nivel académico es la misma y eso se debe al trabajo interno que llevaron a cabo dentro de las comunidades. Sin embargo, la falta de espacios trae problemas para el buen desarrollo de sus actividades pedagógicas.
Hay colegios sin bibliotecas, laboratorios, auditorios, patios, canchas y otros lugares para el esparcimiento. Son pocas las actividades dinámicas, recreativas, deportivas y culturales que se pueden realizar. Solo quedan las estructuras mínimamente necesarias, lo cual ocasiona cambios de horarios, distribución por sedes, problemas de transporte y deserción estudiantil.
En septiembre, tras un anuncio de la ministra de educación, Maria Victoria Angulo, se reactivó la intervención en las instituciones Ciudad Itagüí, Felipe de Restrepo, San José y María Bernal. Las restantes aún se encuentran en estado de suspensión, mas se espera que pronto se determinen los contratos con las nuevas compañías encargadas y se retomen las obras.
Las comunidades confían en que, mientras estén en modelo de educación virtual, las entidades adelanten lo máximo posible. Así, los habitantes de estos colegios no estarían expuestos al polvo y ruido generados por las construcciones; y, al retornar a la presencialidad, podrían llegar a un segundo hogar renovado. Un lugar con espacios modernos que les permitan, después de una larga espera, realizar sus procesos educativos con dignidad.
